Las AFJP deberán informar al Estado antes de hacer despidos

Antes de decidir despidos o suspensiones entre su personal, las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) tendrán que informar al Ministerio de Trabajo. Así, la cartera laboral obligará a las partes a buscar una salida negociada, en un esquema de conciliación. Esta obligación surge de la aplicación del llamado Procedimiento Preventivo de Crisis, según se ocupó de aclarar ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Este mecanismo obliga a los empleadores a informar con 10 días de anticipación cualquier medida que implique suspensiones o despidos.
A partir de allí, como ocurre con la conciliación obligatoria, se fijan audiencias para buscar una solución negociada.
El Gobierno quiere asegurarse que las AFJP no aprovechen la noticia de la eliminación del régimen de capitalización para desprenderse de sus empleados sin pagar las indemnizaciones.
Tomada ayer puso formalmente en funciones a la comisión que elaborará un plan para que el Estado absorba a los empleados que resulten despedidos por las AFJP en caso de que se apruebe la ley que elimina el régimen de jubilación privada. Las administradoras cuentan con un plantel registrado de trabajadores de 10.171 personas, según los datos que difundió la Superintendencia del sector. El mismo informe oficial precisa que el 74% de esos empleados percibe sueldos que van de $ 2.000 hasta $ 4.000.
El resto -2.967 personas- cobra mensualmente salarios por encima de esa cifra.El Gobierno asumió la semana pasada el compromiso de incorporar a todos los empleados que resulten despedidos. Serían distribuidos en distintos organismos estatales. Uno de ellos sería la propia ANSeS. Pero también mencionó a otras reparticiones como la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Tomada anunció que hoy se concretarán dos reuniones con los representantes sindicales y de los fondos de pensión para iniciar un relevamiento sobre los planes de acción que pudieran afectar los planteles actuales. A través de una resolución, la cartera laboral conformó una comisión que tendrá como tarea central garantizar que a través de las áreas competentes se realizarán los actos necesarios tendientes a preservar el empleo de los dependientes de las AFJP.

La suba a jubilados generó un debate en el Gobierno

En el Gobierno se abrió un debate con relación a dar o no un aumento a los jubilados antes de fin de año. Ahora la decisión está en manos de la presidenta Cristina Kirchner.

El primero en reconocer ese debate fue el jefe del bloque de Senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto. La semana pasada, en medio de la discusión sobre la movilidad jubilatoria, Pichetto dijo que el Gobierno estudiaba otorgar por decreto un aumento a los jubilados a partir de noviembre. Luego, desde marzo de 2009, los incrementos surgirían de la fórmula de movilidad.

Este año los jubilados recibieron dos aumentos: el primero del 7,5% a partir de marzo y otro 7,5% desde julio. Así, acumularon un 15,6%. Pero igual estarían retrasados, ya que en el mismo período la mayoría de los aumentos salariales rondaron el 25%.

De ahí que de las palabras de Pichetto se infirió que ese aumento podría rondar entre el 8 y 10%, para compensar el desfase entre las subas de los salarios y de las jubilaciones.

Luego en la Casa de Gobierno trascendió que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, alentaba dar el aumento, aunque no especificó porcentajes.

En cambio, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, sería partidario de otorgar una suma fija por única vez a fin de año (una suerte de medio aguinaldo extra), de manera de resguardar los fondos de la ANSeS para el aumento de marzo.

Y además porque descuenta que las cuentas fiscales podrían tener una desaceleración por el impacto de la crisis internacional sobre los ingresos de las retenciones a las exportaciones. Esta situación también se sentiría sobre los aportes y contribuciones jubilatorias por el freno que se verificaría en el crecimiento del empleo.

El miércoles, tras la aprobación de la ley de movilidad, el director ejecutivo de la ANSeS, Amado Boudou, dijo --en sintonía con cifras que había aportado Massa-- que "esta ley se reflejará en aumentos sustanciales para nuestros jubilados, que en el año 2009 no van a ser menores al 18%". Y aclaró que "podríamos haber seguido dando aumentos por decreto, pero quiero resaltar la decisión de la Presidenta de cambiar la lógica del sistema previsional".

Ese 18% de aumento en 2009 se compondría en marzo de un 11% y el resto llegaría por la vía de un ajuste de 7% en septiembre

¿Que pasa con el proyecto de movilidad?

El Poder Ejecutivo no tendría más la potestad de fijar las jubilaciones mínimas y pasaría a depender del Congreso cuando se sancione la ley de movilidad jubilatoria. El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Díaz Roig (FPV-Formosa), confirmó que se había consensuado con los distintos bloques el cambio de la cláusula que figuraba en el proyecto enviado por la Casa Rosada.
Una de las cuestiones que falta resolver entre los diputados de la comisión es la fórmula que determinará los incrementos jubilatorios a partir de marzo próximo. Sólo hay una cosa segura: El haber jubilatorio no podrá tener ninguna quita, por más que el índice sea negativo.
Hay en este momento unanimidad en que el índice lo fije el Congreso. La intensión de los bloques opositores es llegar a un acuerdo en la fórmula del coeficiente.
En esta etapa de apertura oficialista hacia los proyectos de la oposición, luego de la derrota en el Senado por las retenciones móviles, los diputados de la oposición presentan en la Comisión de Previsión y Seguridad Social los cambios que pretenden introducir en el proyecto oficial.
La legisladora cuestionó la fórmula oficialista para calcular la movilidad porque "perjudica a los trabajadores pasivos". "Una persona que trabaja y aporta toda su vida, cuando se jubila debe resignar un porcentaje de su haber para financiar el fondo de garantía, que, paradójicamente, debiera ser destinado a cubrir su propia prestación. Resulta incomprensible que los propios jubilados sean los encargados de financiar un fondo de garantía, cuyos recursos son discrecionalmente manejados desde el Ejecutivo y se aplican al financiamiento de empresas como AySA o como Yacyretá.
El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, avaló una propuesta que consiste en incorporar una ecuación de aumento distinta del proyecto oficial.
La CGT auspicia la movilidad jubilatoria, pero quiere que los incrementos a los jubilados sean equivalentes a un porcentaje de los convenios colectivos de los trabajadores activos y no al Indice General de Salarios que prepara el Indec, como pretende el Gobierno.
Una vez más, y aunque no lo dicen públicamente, los sindicatos amigos del Gobierno dan señales de descreimiento del organismo de medición, intervenido por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Durante la reunión docente que se realizó la semana última en la localidad cordobesa de Huerta Grande, se analizó el régimen jubilatorio para la actividad. El debate se dio luego de que el gobierno nacional reconoció en 2005 la vigencia de la ley 24.016, que establece el régimen previsional docente e impulsa en estos momentos el proyecto de ley de movilidad de los haberes jubilatorios.
Durante la década del 90, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo impulsó la "ley de solidaridad previsional", que, a entender de los sindicalistas, impidió la actualización de los haberes de los jubilados. Las consecuencias de esas políticas fueron la privatización del régimen, mediante el ingreso de las AFJP, y el desconocimiento de los regímenes especiales, entre ellos el docente.
Esas decisiones se están revirtiendo en la actualidad, o eso esperamos.

¿HACIA LA BENDITA MOVILIDAD AL FIN?

HOLA!!! Despues de no publicar por meses hago mi retorno !!

Unos 250.000 jubilados que se jubilaron antes de 1995 tendrán un ajuste de entre el 54 y 70% en sus haberes. Es porque finalmente la ANSeS no va a apelar los fallos de la Justicia que apliquen la movilidad dispuesta por la Corte Suprema en el caso Badaro, que ordenó un ajuste de las jubilaciones de acuerdo a la evolución salarial

Y tampoco las sentencias que apliquen el 82 o 85% móvil en los regímenes especiales de docentes, investigadores científicos y diplomáticos.

En principio había trascendido anteriormente que la ANSes NO iba a apelar. Así lo dispuso una Resolución de la Secretaria de Seguridad Social que autoriza a la ANSeS a "consentir" las movilidades dispuestas en las sentencias y a desistir de los recursos ante la Corte Suprema. Hasta hoy, la ANSeS estaba obligada a apelar las sentencias tanto de primera como de segunda instancia y llegar hasta la Corte, por lo que un juicio de reajuste podia llegar a durar hasta 15 años.

La Corte aún no se pronunció sobre causas de jubilados del nuevo régimen, osea los que se jubilaron a partir de 1995 hasta el mes de mayo de este año. La solución para estos jubilados es el reclamo judicial que si bien tardara mucho menos y tiene una proyección mucho mas promisoria, genera incertidumbre y expectación entre ellos que esperar para antes de fin de año una señal mas definitoria para sus reclamos por parte del gobierno.

Esta decisión forma parte del paquete de medidas que anunciaria la presidenta Kirchner y que se vienen postergando por la crisis con el campo, ahora con el conflicto de lado, el gobierno relanza su gestion y las mismas incluyen el envío al Congreso del proyecto de movilidad previsional, la suba del mínimo no imponible de Ganancias, el incremento de las asignaciones familiares y del salario minimo vital movil y ademas, un Plan de Seguridad Alimentaria.

La decisión del gobierno parece haber notado que se tomó esta decisión porque no tiene ningún sentido apelar sentencias cuando ya hay una postura de la Corte Suprema en Badaro. Y además se cumple con la Comisión Interamericana de la OEA que había planteado que, por las sucesivas apelaciones, los reclamos judiciales se alargaban vulnerando los derechos humanos de los jubilados .

Hablando de numeros de acuerdo a sondeos oficiales de los 250.000 beneficiados por esta resolución, unos 50.000 cobrarán el reajuste del haber y la retroactividad entre julio y diciembre de 2008. Y el resto en 2009. Los tiempos dependen del ingreso a la ANSeS de las sentencias judiciales.

Se presentan varias situaciones a tener muy en cuenta :

v Un sector de jubilados que ganaba en diciembre de 2001 más de $1.000 recibió entre enero de 2002 y diciembre de 2006 un incremento del 11%. En ese caso cobrarán la retroactividad, de hasta 2 años previos al inicio del reclamo, por la diferencia entre índice general de salarios de cada año y el momento de los aumentos recibidos. Y el reajuste será por la diferencia entre el 88,6% y el 11%.Eso arroja un ajuste de lo que están cobrando ahora del 70%.

v Otro sector que cobraba menos de $ 1.000 en diciembre de 2001, recibió hasta 2006 dos aumentos: 10 y 11%. El reajuste del haber a favor del jubilado sería del 54,5% y la retroactividad desde 2 años anteriores al reclamo por el equivalente a la diferencia entre el índice de salarios y el momento en que recibió los aumentos.

v En los casos de docentes, investigadores científicos y diplomáticos que ya están cobrando el 82 o 85% móvil, cobrarán la retroactividad por la diferencia entre lo cobrado y el 82 o 85% del sueldo del cargo por el que se jubiló.

v En cambio quienes en diciembre de 2001 ganaban la mínima de $ 150 NO están alcanzados porque tuvieron ajustes superiores al ordenado en el caso Badaro por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, el haber mínimo es de 690 pesos.

El efecto principal de esta medida del Gobierno es acortar los tiempos de respuesta de la ANSeS a los reclamos de los jubilados, agilizar las causas judiciales en un tema que hay doctrina de la Corte y descongestionar los expedientes de los Tribunales, como lo venía reclamando el Alto Tribunal .